La violencia en zonas rurales se genera, además de por la presencia del crimen organizado, por conflictos agrarios ante la ausencia de una consulta a las comunidades para establecer megaproyectos, lo cual puede empeorar por la Ley de Seguridad Interior, aseguraron líderes campesinos. Esto ha provocado el desplazamiento interno forzado de campesinos e indígenas que engrosan los cinturones de pobreza de las urbes.
Líderes campesinos señalan que al defender su territorio y recursos naturales, se enfrentan a grupos paramilitares o de choque y alertaron que cuando los productores agropecuarios se ven obligados a abandonar su lugar de origen y trabajo, la producción y soberanía alimentaria se ve más afectada.
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– La violencia en las zonas rurales por conflictos agrarios a raíz de la implementación de megaproyectos ha orillado a campesinos e indígenas al desplazamiento interno forzado hacia las ciudades, lo cual engrosa los cinturones de miseria de las zonas urbanas, fenómeno que podría empeorar por la Ley de Seguridad Interior, alertaron campesinos.
De 2009 a enero de 2017, en México 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos, de acuerdo con un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Solo por violencia, en 2016 al menos 21 mil 031 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida, principalmente provenientes de Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Michoacán. El sector indígena fue el más afectado en al menos siete eventos.
El líder campesino Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala–Movimiento Nacional (CNPA-MN), aseguró en entrevista que esa organización campesina registró durante 2017 el desplazamiento forzado interno de campesinos en Guerrero, Chiapas, Querétaro, Puebla, Jalisco y Michoacán, estados donde tienen presencia.
«Desde luego hay los grupos de la delincuencia organizada que están en su comercio de productos ilícitos, [pero también] están los ojos puestos del gobierno en las regiones de comunidades indígenas abundantes en recursos naturales para establecer en esas áreas minihidroeléctricas o minerías. Al oponerse tenemos el problema de la generación de grupos paramilitares o de choque que buscan desestabilizar y generar una situación de zozobra, y rompimiento del tejido social», afirmó Zúñiga.
Las comunidades indígenas de Chiapas, Puebla, Jalisco, Guerrero, Veracruz y Querétaro, desde su cosmovisión de respeto a la Madre Naturaleza, relación con la vida y conservación del territorio, se niegan a entregar la tierra y agua sin antes ejercer su derecho internacional a una consulta libre, previa e informada, por lo que «el gobierno muchas veces ha utilizado a la delincuencia organizada para generar zozobra, asesinatos o asaltos», expuso.
Rocío Miranda Pérez, presidenta de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), coincidió en que el desplazamiento interno forzado de esta población se da principalmente por problemas de disputa territorial (agrarios) donde están inmiscuidos campesinos e indígenas, por conflictos con la industria extractiva e hidroeléctrica y por choques religiosos-políticos.
Miranda Pérez prevé que el desplazamiento interno seguirá al no aplicarse la consulta libre, previa e informada. «No vemos que el gobierno tenga una metodología y reconozca que es un problema grave en derechos humanos», afirmó.
A su vez, alertó la dirigente de la UFIC, «cuando la gente sale de su territorio la planta productiva agropecuaria se ve mermada y eso trae consigo la desflación alimentaria en la medida que no existe el abasto de alimento para que comamos en el país».
Esta criminalización a la defensa del territorio, consideraron los líderes campesinos Daniel Zúñiga y Rocío Miranda, se agrava con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual ha recibido diversas acciones de inconstitucionalidad en contra, incluyendo una de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
«Ahora vemos la Ley de Seguridad Interior enfrente. Esa Ley lo que puede permitir es garantizarle a las empresas y a los intereses políticos y económicos establecer esos megaproyectos y [que] entonces puedan declarar zonas en que nuestras comunidades tengan que ser desalojadas por una supuesta amenaza a la seguridad del país», pronosticó el campesino Daniel Zúñiga. «A lo mejor sí nos van a dejar marchar, pero no nos van a dejar oponernos en nuestras tierras al ingreso de maquinaria».
Además de la violencia generada a partir de los conflictos agrarios entre comunidades rurales, empresas y gobiernos locales, el vocero de la CNPA-MN Daniel Zúñiga destacó que el desplazamiento interno forzado también tiene sus orígenes en intereses político-económicos e incluso raciales.
«Si la gente no puede trabajar, se tiene que ir de la zona», afirmó.
En Puebla, ejemplificó, la empresa Driscolls se apropió de las tierras a través de un supuesto uso de renta para cultivar fresas, blueberrys y moras en 10 hectáreas. Pero, ante vacíos legales, a veces cierra el paso a determinadas hectáreas, por lo que la comunidad no tiene oportunidad de entrar a trabajar en esas parcelas rentadas.
«La gente se queda sin opciones de trabajo y al momento de imponer una queja, se enfrenta contra el respaldo político a las empresas y, por el acoso, se ven obligados a desplazarse de la zona», expuso.
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Asimismo, en otros lugares como Chilchota, Michoacán, las empresas de producción de hortalizas hacen el mismo esquema. Sin embargo, como son comunidades indígenas, «no hay un trato adecuado por parte de las autoridades» cuando interponen quejas.
«Al ser discriminados muchos se ven en la necesidad de tener que emigrar de su comunidad a buscar opciones de trabajo e ingreso», dijo.
A esta violencia y precariedad que enfrenta el sector campesino en el país se sumaron los incrementos de precios de energéticos que impactan en los costos de su producción.
Las gasolinas en promedio se elevaron 19 por ciento el año pasado al subir la Magna de 13.95 pesos el litro en 2016 a 16.45 pesos en 2017 (17 por ciento más); la Premium de 14.81 pesos a 18.22 pesos (23 por ciento más) y el diésel de 14.63 pesos a 17.21 pesos (18 por ciento más), de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Asimismo, el precio del gas LP, utilizado por el 76 por ciento de los hogares mexicanos, subió un 40 por ciento durante 2017 al pasar de 13.39 pesos el kilogramo en 2016 a 18.82 pesos por kilogramo, su mayor incremento desde que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene registro.
Estos aumentos energéticos presionaron al alza la tasa de inflación de 2017 a 6.77 por ciento, la más alta en los últimos 17 años.
AUTORIDADES LOS IGNORAN
Durante enero, alrededor de cinco mil campesinos arribaron de 18 estados a la Ciudad de México para manifestarse en las calles en contra de los incrementos en la canasta básica y energéticos, y exigir una solución en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Sin embargo, no obtuvieron una respuesta concreta, aseguró Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala–Movimiento Nacional (CNPA-MN).
Zúñiga describió que los campesinos se han visto «descobijados» al haber pocas opciones de trabajo y de ingresos, ya que los productos del campo son mal pagados y no obtienen ganancias.
«Al no haber una política de Estado adecuada para la producción, comercialización y consumo interno de los productos del campo, estamos a la merced del intermediarismo, y eso hace que, aunque nuestra gente está trabajando y produciendo, no es redituable», dijo.
En el caso de los productores de maíz, al no haber precios de garantía, por un kilo reciben 2.50 pesos. Además, en las zonas cafetaleras de Oaxaca, Puebla y Veracruz, regiones con mayor calidad del café de altura, están desprotegidos desde que el gobierno desapareció el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), documentó Zúñiga Maldonado.
«El gobierno mexicano en lugar de fomentar la producción nacional, prefiere la seguridad alimentaria, pero lo que se debe promover es la soberanía alimentaria», aseguró.
El lunes 15 de enero los miles de campesinos acudieron al edificio de la Segob. No obstante, dijo Zúñiga, funcionarios de la dependencia les expusieron que el Secretario Alfonso Navarrete no podía recibirlos porque «apenas están conociendo las áreas y oficinas […] Somos nuevos, no tenemos conocimiento de sus demandas». Cinco días antes, el martes 10, el ex Secretario de Trabajo había tomado el cargo luego de la salida de Miguel Ángel Osorio Chong.
«¿Debe el pueblo esperar la atención y solución hasta que los Secretarios de Estado y funcionarios menores estén cómodos?», cuestionó Zúñiga. Los campesinos solo fueron atendidos por el jefe de la Unidad de Gobierno, Germán Uribe.
Sin embargo, «hay varios conflictos agrarios que el gobierno no ha resuelto. Con la Segob no hemos podido avanzar en los casos de Puebla, Querétaro y Chiapas», acusó el líder campesino.
El miércoles 17 de enero los campesinos colocaron un plantón en la Secretaría de Agricultura, ya que, dijo Zúñiga, esta dependencia es la más obligada a escuchar la opinión de los productores.
«Los campesinos debemos estar produciendo y no en las calles, sin embargo, la Sagarpa ha dejado de promover la producción de alimentos y por lo tanto ha vulnerado la soberanía alimentaria», expuso el vocero. «Los subsidios son entregados a empresas agroexportadoras y a los campesinos se les trata con desprecio».
Un día después, el jueves 18 de enero, alrededor de tres mil campesinos caminaron por Presidente Masaryk, la avenida empresarial más importante de la colonia Polanco, para exigir a la Sedatu que resuelva los conflictos agrarios que han provocado confrontaciones e incluso asesinatos y desplazamiento interno forzado.
Daniel Zuñiga Maldonado, vocero de la CNPA-MN, destacó que la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y otros funcionarios de la Secretaría se han negado a atender las llamadas telefónicas de la organización campesina.
El 30 y 31 de enero la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos volvió a marchar en la Ciudad de México para exigir incrementar la productividad en alimentos y rescatar la soberanía alimentaria del país.
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